Son servicios complementarios, no excluyentes, cada uno tiene su labor y ambas son necesarias. La gestoría se ocupa habitualmente de la tramitación de cuestiones administrativas (impuestos, las cotizaciones, las altas y las bajas), pero no de la vía judicial. El abogado es el único que puede defender los intereses de su cliente en caso de juicio, y el único que puede asesorar para evitar que un conflicto se judicialice. Asimismo, el abogado puede asesorar en la redacción de contratos con proveedores, clientes del empresario, y negociarlos, para que todo quede bien atado y se reduzca al máximo la conflictividad.

Todos estamos obligados al cumplimiento de la ley, y existen ciertos ámbitos (protección de datos, medios ambiente, propiedad intelectual, competencia desleal…) en los que las sanciones -incluso las mínimas- son tan altas que podrían suponer la destrucción de una empresa pequeña, por ello, disponer de un adecuado plan de cumplimiento normativo es muy útil y conveniente para autónomos y PYMES.

Es un contrato de prestación de servicios por parte de un despacho de abogados, cuya retribución se establece mediante una cuota mensual fija, como una tarifa plana, que incluye todos los servicios que abogado y cliente determinen. Suele ser lo más rentable calidad-precio para las empresas y crea una relación de confianza estable entre ambas partes que permite un conocimiento profundo de la empresa y sus necesidades por parte del abogado que le habilitan para un mejor asesoramiento.

Dependerá del caso concreto y del volumen de litigiosidad que tenga su negocio, no obstante, por muy bueno que sea un único abogado no puede dominar todas las ramas del Derecho. Por regla general, si la litigiosidad es alta, contratar para cada caso aislado a un abogado le puede resultar más caro que tener uno a sueldo, pero en esos casos, lo más beneficioso es disponer del apoyo de un despacho con varios profesionales, cada uno especializado en una materia del Derecho que le den un soporte íntegro en todos los ámbitos del Derecho.